¿A Chile le importa el mar y la vida marina?
Ángeles EscárateAbogadaDiplomado en Asuntos Marítimos
CEPAL | WISTA | RedMAMLaCurso: Asuntos AmbientalesProfesor: Dr. Emilio Messina
¿A Chile le importa el mar y la vida marina?
Algunos responderán “¡SÍ!” o
“¡NO!”, otros respondemos “depende”, para
ello hago las siguientes apreciaciones.
Chile es un país esencialmente marítimo, ello
se manifiesta en su geografía tricontinental, pues tiene territorio en América
del Sur, en Oceanía y en la Antártida. De hecho, cerca del 95% de las
importaciones y exportaciones en Chile[1]
se relacionan con el transporte marítimo, pues gracias a la globalización se ha
visualizado a este medio como una importante actividad estratégica y económica para proyectar sus riquezas y,
consecuentemente, como un tema de interés jurídico internacional.
Lo anterior ha tenido consecuencias nefastas a
nivel global, originando la discusión internacional de cómo enfrentar un cambio
sustancial en las prácticas de cuidado del medio ambiente marino. La constante vulneración de la biodiversidad
marina[2]
observables van desde la
utilización de los mares como vertederos de basura flotante hasta el tipo de
contaminación más “silenciosa” como la contaminación acústica provenientes de embarcaciones
e instalaciones de petróleos, que provoca la migración de algunas especies
afectando incluso su subsistencia.
Aunque Chile no es indiferente a la discusión global
y su participación es activa, su territorio marítimo ha sufrido largos procesos
de desgaste, explotación y el abandono por parte de su comunidad a pesar de que
le reporta enormes riquezas a un costo marginal. Lo anterior se contradice si postulamos
que Chile ha asumido diversos compromisos internacionales a favor de la preservación
marina, por ejemplo, el artículo 118 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar[3],
sobre Cooperación de los Estados en la
conservación y administración de los recursos vivos indica “[…] celebrarán
negociaciones con miras a tomar medidas necesarias para la conservación de
tales recursos vivos.”, y el Tratado Antártico[4]
que nació debido a la creciente y descontrolada extracción de especies
antárticas, causando un daño
en la cadena alimenticia de dicha zona, principalmente krill, y del que Chile formó
parte desde su formación.
Sin embargo, hemos llegado a un punto en la
historia donde debemos decidir como sociedad qué umbrales estamos dispuestos a
cruzar para asegurar un futuro sostenible para nuestra supervivencia. Es decir,
apuntar a una sociedad con cultura y
estructura sostenible, cuya base está en la educación preventiva para
encausar la conservación y sustentabilidad.
Entonces, podemos afirmar que el Artículo 19,
número 24, de la Constitución Política de Chile, sobre el derecho de propiedad reconoce en su 2º inciso que tiene una “función social” que
cumplir, sin embargo, el mismo texto legal no ha hecho primar el numeral 8º del Artículo
19, sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación[5].
La consagración de estos derechos fundamentales no se ha radicado en la
conciencia nacional en más de 40 años desde su fundación pues siguen
contemplándose como un concepto incipiente en la sociedad chilena.
Ahora, la pregunta que debiéramos hacernos es
¿basta la intención manifestada en instrumentos nacionales e internacionales o necesitamos un cambio radical
desde su núcleo fundamental? A mi juicio, Chile tiene intención de cuidar su
medio ambiente marino, pero existe ambigüedad en sus políticas públicas para
instaurar el cambio social eficiente. Por ejemplo, no basta con multar las
infracciones en materia ambiental[6],
necesitamos cambios sociales intrínsecos establecidos por patrones de conducta.
Lo anterior no busca desestimar los logros de
los últimos años, donde Chile se posiciona como único país de la región con un
claro compromiso respecto a sus obligaciones internacionales de preservar los océanos.
De hecho, la Revista de Marina del año 2017 señala que Chile tiene un “[…] incremento de la superficie protegida desde
un 4% a un 12% en su Zona Económica Exclusiva, lo que se ha traducido en la
creación de 33 áreas marinas protegidas, que superan los 463.000 Km2,
alcanzando el 10% de sus zonas costeras,”[7]
como el Parque Marino Mar de Juan Fernández y el Parque Marino Nazca –
Desventuradas[8].
En definitiva, los cambios han llegado para
quedarse, pero tenemos pendientes reformas sustanciales con todos los actores de
la sociedad, incluyendo a los agentes de mercado como instituciones
financieras, pues éstos serían los más afectados si no acompañan a sus clientes
en optimizar su calidad de vida. De hecho, la Iniciativa Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI)[9],
en marzo de 2021, entregó una guía descriptiva para bancos, aseguradores e
inversionistas sobre cómo evitar y/o mitigar los riesgos e impactos ambientales
y sociales, así como destacar oportunidades a la hora de aportar capital a
empresas o proyectos dentro de la economía azul, amortizando el impacto
negativo en la salud de los océanos.
Ahora, todo depende de cómo se puedan instaurar los compromisos internacionales que Chile ha sustentado en años anteriores, por lo que dejo aquí una pregunta práctica y de análisis operativo: ¿Cómo y cuándo se podrá instaurar esta nueva iniciativa UNEP FI en Chile teniendo presente que se requieren cambios intrínsecos en las empresas y el consumidor final pues la salud de los océanos está bajo amenaza existencial? Probablemente un tema para analizar próximamente...
[4] https://minrel.gob.cl/minrel/politica-exterior/direccion-antartica/sistema-del-tratado-antartico
[6] https://www.senado.cl/delitos-ambientales-comision-de-constitucion-invitara-a-penalistas-para/senado/2020-10-02/231119.html
[7] https://revistamarina.cl/es/articulo/sustentabilidad-del-oceano-combate-de-la-pesca-ilegal-y-los-parques-marinos
ufff ... dramáticamente cristal clear :(
ResponderEliminarExtraordinario análisis!
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